Vulnerabilidad interseccional invisibilizada: violencia sexual y discapacidad

Invisible intersectional vulnerability: sexualized violence and disability

Vulnerabilidade Interseccional Invisibilizada: Violência Sexual e Deficiência

Sandra Wechner1

Recibido: 17/05/2024, Revisado: 22/06/2024, Aceptado: 09/07/2024, Publicado: 18/07/2024

Cita sugerida (APA, séptima edición): Wechner , S. . (2024). Vulnerabilidad Interseccional Invisibilizada: Violencia Sexual y Discapacidad. Revista Multidisciplinaria Voces De América Y El Caribe, 1(2), 57-88. https://remuvac.com/index.php/home/article/view/67

Resumen

El presente artículo se basa en la teoría de la interseccionalidad para presentar un análisis teórico-conceptual de diferentes variables externas y como inciden en el nivel de vulnerabilidad y riesgo de personas con discapacidad de sufrir algún tipo de violencia y violencia sexual en específicos. El objetivo es contribuir a la conceptualización interseccional de la discapacidad. La ocurrencia simultanea de variables como el género, diferentes contextos interculturales, autonomía, educación, mercado laboral, participación y representatividad, crea una nueva realidad que enfrentan las personas con discapacidad, situándoles fuera del estándar de “normal”. Esta discriminación interseccional les invisibiliza en sus necesidades y vulneración de derechos, dejándoles en un estado de desprotección. En este sentido, se argumenta que la vulnerabilidad no es una característica intrínseca de las personas con discapacidad. Reforzando

la visión social, se concluye que el contexto excluyente discapacita y deshumaniza a las personas con discapacidad.

Palabras clave: Discriminación, interseccionalidad, personas con discapacidad, violencia sexual, vulneración de derechos

Abstract

This article is based on intersectionality theory to present a theoretical-conceptual analysis of different external variables and how they affect the level of vulnerability and risk for people with disabilities to suffer any type of violence, specifically sexual violence. The objective is to contribute to the intersectional conceptualization of disability. The simultaneous occurrence of variables such as gender, different intercultural contexts, autonomy, education, labor market, participation, and representation create a new reality that people with disabilities face, placing them outside the "normal" standard. This intersectional discrimination makes their needs and rights violations invisible, leaving them in a state of neglect. In this sense, it is argued that vulnerability is not an intrinsic characteristic of people with disabilities. Reinforcing the social vision, it is concluded that the excluding context disables and dehumanizes people with disabilities.

Keywords: Discrimination, intersectionality, people with disabilities, sexual violence, violation of rights

Resumo

Este artigo baseia-se na teoria da interseccionalidade para apresentar uma análise teórico- conceitual de diferentes variáveis externas e como elas afetam o nível de vulnerabilidade e risco de pessoas com deficiência de sofrerem qualquer tipo de violência, especialmente violência sexual. O objetivo é contribuir para a conceituação interseccional da deficiência. A ocorrência simultânea de variáveis como gênero, diferentes contextos interculturais, autonomia, educação,

mercado de trabalho, participação e representatividade cria uma nova realidade que as pessoas com deficiência enfrentam, colocando-as fora do padrão de "normalidade". Esta discriminação interseccional invisibiliza suas necessidades e violações de direitos, deixando-as em um estado de desproteção. Nesse sentido, argumenta-se que a vulnerabilidade não é uma característica intrínseca das pessoas com deficiência. Reforçando a visão social, conclui-se que o contexto excludente incapacita e desumaniza as pessoas com deficiência.

Palavras-chave: Discriminação, interseccionalidade, pessoas com deficiência, violência sexual, violação de direitos.

Introducción

Personas con discapacidad no son inherentemente vulnerables, pero se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por factores de su contexto a través de la “producción social de la discapacidad” (Yarza de los Ríos, 2019, p. 23). Diferentes variables interseccionales les ponen en un lugar de desventaja y las invisibilizan, como el género, diferentes contextos interculturales, autonomía, educación, mercado laboral, participación y representatividad, entre otros. Coinciden una serie de factores excluyentes que por su simultaneidad crean una situación de discriminación interseccional hacia personas con discapacidad, situándoles por fuera de la norma y, por ende, invisibilizados en sus necesidades y vulneraciones de derechos (Rivas de García, 2023; Díaz Páez et al., 2023). Solo con una mirada interseccional es posible comprender el riesgo real a cuál están expuesto personas con discapacidad de sufrir algún tipo de violencia sexual en una sociedad excluyente como es la boliviana. Enfoques unidimensionales, centrados en una sola variable, como es el enfoque de género, o el enfoque intercultural no logran captar las nuevas realidades que surgen de las interacciones de variables que ocurren de manera simultánea. De igual manera, las dicotomías y visiones binarias, como por el ejemplo, hombre-mujer, solo ofrecen una visión limitada de la complejidad sin poder abarcar la

diversidad humana.

Un análisis interseccional de una variedad de factores busca identificar estas realidades y diversidades invisibilizadas de personas con discapacidad. En este sentido, el articulo ofrece un repaso conceptual de los contextos sociocultural-históricos y los factores interseccionales que amparan la discriminación interseccional contra personas con discapacidad, permitiendo la exposición a situaciones de violencia, el consumo del hecho y limitando la represión contra la persona agresora hasta llegar a la impunidad.

Después de un breve repaso de los marcos conceptuales de procesos de normalización, se presenta una aproximación metodológica a la interseccionalidad como herramienta de análisis, con el objetivo de visibilizar las realidades ocultas que viven las personas con discapacidad en la intersección de discapacidad y género, interculturalidad, autonomía y participación. Al final, se concluirá con una discusión puntual de los hallazgos y la interacción de las variables, para luego presentar las conclusiones respecto a cómo estos variables inciden en el nivel de vulnerabilidad de las personas con discapacidad de sufrir algún hecho de violencia sexual.

Marco teórico

Partiendo de la tesis inicial de este artículo, se argumenta que la vulnerabilidad no es una característica definitoria de la discapacidad. La definición de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) se basa en la visión social de la discapacidad, que proyecta la discapacidad no en la persona, sino en las barreras que imponen las sociedades excluyentes y capacitistas (Palacios, 2008).

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (Organización Naciones Unidas, 2006, p. 4)

Las personas con discapacidad siguen siendo consideradas fuera de la norma, como una desviación de un estándar de personas, para cuales están pensadas y diseñadas las políticas y espacios públicos, a pesar del respaldo legal del modelo social en la

Convención. Aunque, las luchas por los derechos de las personas con discapacidad han logrado que sean reconocidos en los niveles internacionales y nacionales, no se ha logrado la transversalización de estos derechos, como evidencian las observaciones al informe del Estado Boliviano ante el Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en 2016.

Esta definición, establecida en el año 2006, deja atrás conceptos anteriores que justificaron la exclusión de las personas con discapacidad en base a creencias religiosas y médicas, quitándoles el estatus de persona por su condición de discapacidad, como el modelo rehabilitador que exige a las personas superar su discapacidad para formar parte de la sociedad (Romañach, 2005, p. 3; Yarza de los Rios, 2019, p. 35; Samario Hernández, 2024).

En el modelo de prescindencia, la persona encargada de definir entre “normal” y “anormal” era la autoridad religiosa, en el modelo rehabilitador la responsabilidad recae sobre el personal médico. El modelo religioso busca aniquilar lo “anormal” mientras el modelo medico trata de curar u ocultarlo (Palacios, 2008, p. 92).

Procesos de normalización forman la base para designar como “anormal” a cualquier categoría que no se ajuste a los estándares de lo que es considera “normal”. Estos procesos de normalización funcionan mayormente por presión hegemónica, o mediante los sistemas de educación y lenguaje. Absorbemos los discursos de poder y conocimiento con el mismo lenguaje, lo que crea un imaginario de lo que se considera normal (Foucault, 2002). Este proceso de normalización revela su poder real cuando el discurso hegemónico iguala “lo normal” con “lo natural”1,.

1 Por ejemplo, la heterosexualidad; Existen corrientes que denominan a todas las personas que no siguen la norma sociocultural-histórica de la heterosexualidad como “anormales” e incluso “antinaturales”, sin reconocer que igual esta heteronormatividad es un valor antropógeno, inventado por los humanos.

Las leyes modernas y los marcos normativos nacionales e internacionales, por razones prácticas, siempre parten de una idea normalizador, promoviendo así ideas comunes de una “normalidad”, un estándar a cuál referirse en respeto a la ciudadanía, y el “otro”, desviaciones del estándar, que engloba por ejemplo aquellas personas que infringen la ley y comete un delito. Sin embargo, es importante reconocer que no existen estándares, conocimientos ni valores “neutrales” (Foucault, 2002), pero siempre contiene un juicio de valor, en muchos casos invisibilizado. Excluyendo un grupo de personas de lo que se considera “normal” repercuta en el goce de sus derechos (Palacios, 2008). Por otro lado, se crea una presión de encajar en las estructuras establecidas dentro de lo “normal” (Revuelta, 2021, p. 24), limitando así la diversidad humana.

Este proceso de “normalización” según las normas del contexto sociocultural- histórico, suele estar relacionado con lo que se considera beneficioso para la sociedad, especialmente desde una perspectiva económica en un sistema dominado por el capitalismo. Las personas adquieren su funcionalidad con cierta edad, y luego, dependiendo del “desgaste”, lo pueden perder repentina o gradualmente por accidentes o enfermedades, según su desempeño en el sistema productivo. En este sentido, en función de la edad de una persona las sociedades adulto-céntricas otorga o quita derechos, deberes y privilegios a las personas (Duarte, 2012, p. 102). Por ejemplo, la licencia de conducir, contraer matrimonio, o el consumo de alcohol están condicionados con ciertas edades.

Volvemos al concepto de una característica intrínseca y/o inherente bajo una visión engañador de “normal”, argumentando que la vulnerabilidad no es una característica, pero más bien una condición que depende del contexto, y no de la persona (Palacios, 2008). La definición de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad busca

externalizar la condición de discapacidad y vulnerabilidad a las barreras que enfrentan y que les pone en una situación de desventaja.

Metodología

La presente investigación se enmarca en la categoría de análisis interseccional con carácter descriptivo. El enfoque de la investigación se basó en un acercamiento cualitativo, contemplando el método hermenéutico, tras una revisión teórica de diferentes aportes de los estudios críticos de discapacidad, analizando discursos dominantes y disidentes. Para ello, se considera 4 variables claves: género, interculturalidad, autonomía, y participación. Así, se exploran las intersecciones entre estas variables y la discapacidad, con el fin de reconceptualizar los factores que influyen en la vulnerabilidad de las personas con discapacidad.

Desde su premisa conceptual, la interseccionalidad busca superar el dilema de abstraer la realidad en categorías simplificadas, pero más bien incentiva el análisis de la simultaneidad de dos o más variables (Viveros, 2023, p. 76). Estas variables definen, según el contexto sociocultural-histórico el lugar que ocupa una persona en términos de privilegios y discriminación, pleno ejercicio de sus derechos o vulneración de estas. En el lado privilegiado, se encuentra lo que se considera “normal”, mientras que, en el lado de la vulneración de derechos y discriminación, se ubica las categorías consideradas desviaciones de este estándar.

El análisis interseccional permite identificar las realidades invisibilizadas que enfrentan las personas, con una mirada crítica hacia las relaciones de poder. Por ejemplo, no se logra comprender la realidad que enfrenta una mujer con discapacidad en un contexto específico en toda su complejidad, si se analiza la variable de género o la de la discapacidad

por separado. El análisis interseccional, al considera la simultaneidad de las variables, evidencia situaciones invisibilizadas (Cavalcante, 2018, p. 17).

La interseccionalidad es un concepto que fue presentado por primera vez por Kimberlé Crenshaw (1994). La situación de mujeres de color en los Estados Unidos fue y es fuertemente afectada por la discriminación interseccional basada en racismo y machismo, cual quedó invisibilizada en análisis basados en género o raza, ya que mujeres blancas son consideradas como el estándar en análisis de género2 y hombres de color en las categorías de análisis de discriminación racista.

Sin embargo, en su mayoría, los trabajos interseccionales se enfocaron en la triada de género – raza – clase (Davis, 1995, p. 5), dejando a lado otras variables relevantes para reconocer la complejidad de la opresión simultánea a nivel estructural e individual. En este sentido, los estudios críticos de la discapacidad aprovechan la teoría y metodología propuestas por la interseccionalidad, para evidenciar las múltiples opresiones que viven personas con discapacidad, en las intersecciones de la discapacidad, raza, género, clase, educación y mercado laboral, entre otros.

Las variables interseccionales, no son binarias, no se reducen a blancos y negros, como opuestos, pero más bien representan un universo de grises, ya que la dicotomía es una abstracción de la realidad que no logra capturar la diversidad interna de cada categoría. Si tomamos el ejemplo del eje de educación, la mayoría de las personas se encuentra en algún punto intermedio entre la Variable A: Analfabetismo debió a la falta de acceso a la educación y la Variable B: Educación superior postdoctorado. Sin embargo, hay diversas posibilidades de carreras educativas, como educación regular o alternativa, técnica o

2 Domitila Barrios en su autobiografía “Si me permiten hablar” nos comparte una anécdota sobre las diferencias que viven mujeres indígenas del sur y mujeres blancas del norte, en la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas. (Viezzer, 2005, p. 166)

universitaria. Asimismo, hay diferentes categorías de conocimiento que se enseñan en el sistema educativo, como las matemáticas y las habilidades socioemocionales, que no reciben siempre el mismo valor. Sin embargo, una amplia variedad de variables como género, espacio urbano – rural, discapacidad entre otros influyen en el acceso a la educación. Tomar en cuenta la influencia de estas diferentes variables en el nivel de educación ya es un ejemplo de un análisis interseccional.

En este sentido, al mismo tiempo que cada variable forma un universo propio que, por razones prácticas, se suele reducir a un contínuum: una línea entre dos extremos3, aunque estas diferencias están interactuando con otras diferencias.

En este sentido, cada variable en si ya demuestra un alto nivel de complejidad que se multiplica aún más en la intersección con otras variables, cuando se observa un cambio cualitativo. La suma de las Variables A y B no se queda en la Variable AB, sino que da lugar a una nueva Variable C. Esta nueva variable C representa una realidad que no se evidencia si solo analizamos el universo de A o B por separado, pero recién se manifiesta cuando dirigimos nuestra mirada hacia la simultaneidad de las dos variables.

Figura 1

Modelo de análisis interseccional bi-variable: Intersección de 2 variables

Fuente: Elaboración Propia.

3 Incluso las representaciones graficas del análisis interseccional refiere en muchos casos a diferentes ejes de opuestos, cuales se cruzan entre sí, formando una estrella.

El análisis interseccional tiende a tomar la intersección entre 2 variables para estudiar la interacción simultanea y su incidencia en las realidades. Sin embargo, el enfoque interseccional invita a ampliar los variables a considerar, llegando a un nivel elevado de complejidad de análisis que se acerca más a la realidad. Por tanto, se suma, a las variables A y B, todo un alfabeto de C, D, E, entre otros.

Figura 2

Modelo de análisis interseccional multivariables: Intersecciones de 4 variables con un eje central

Fuente: Elaboración Propia

Resultados

Esta investigación cualitativa se deriva de publicaciones de estudios críticos de discapacidad, combinando el análisis descriptivo de aportes interseccionales bi-variables, para elevarlo a un nivel multivariables, con la discapacidad como el eje central de análisis. Por razones prácticas, respaldadas por experiencias empíricas en la temática, se considera las siguientes variables externas y su interacción simultánea en la realidad de las personas con la discapacidad, sin que se pretende haber identificado o poder analizar todas las variables posibles. Mas bien, se invita a identificar otros factores más que inciden en la

realidad que enfrentan las personas con discapacidad y su situación de vulnerabilidad al sufrir algún tipo de violencia y especialmente la violencia sexual.

Figura 3

Intersecciones de discapacidad con múltiples variables

Fuente: Elaboración Propia

Se propone el análisis de la interactuación de las variables, de manera simultánea, en un sistema de opresión y discriminación interseccional aprovechado por las personas agresoras para cometer actos de violencia sexual hacia personas con discapacidad en la impunidad.

Intersección: discapacidad y género

La desigualdad de género refuerza la situación de desventaja de las mujeres y niñas con discapacidad (C) en comparación con hombres y niños con discapacidad (A). Además, la condición de discapacidad refuerza la situación de desventaja de las mujeres y niñas con discapacidad en comparación con las mujeres y niñas sin discapacidad (B).

La violencia de género se refuerza en mujeres y niñas con discapacidad debido a que enfrentan mayor riesgo de esta población de sufrir algún tipo de violencia sexual. Su

desprotección se debe mayormente por falta de educación, en específico educación sexual integral, desconocimiento de sus derechos y dependencia por su condición de discapacidad. Para las personas cuidadoras de mujeres y niñas con discapacidad, uno de los mayores peligros y miedos es un embarazo no planificado y/o no deseado. Esta ansiedad se entrelaza con cuestiones económicas y la dependencia de cuidado, ya que un embarazo no deseado significa una persona más bajo su responsabilidad. Por ende, la prioridad en la prevención no es solo evitar la violencia sexual en si mima, sino las consecuencias de una posible violación.

En muchos casos las “estrategias de prevención” también pueden convertirse en una forma de violencia, como el encierro bajo llave. Es una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niña con discapacidad, cuando se realiza esterilización forzada sin el consentimiento informado de la persona (Fundación Machaqa Amawta FMA, 2022, p. 143), como estrategia de prevención de un embarazo. La esterilización forzada de mujeres con discapacidad es una preocupación de las Naciones Unidas (Comité sobre los derechos de Personas con Discapacidad [CDPD], 2016, p. 6).

Es así como a las mujeres con discapacidad se les impide anhelar el mandato de la maternidad, por ser consideradas incapaces de cuidar a otra vida, y se les trata como objeto de dependencia y de cuidado (Arnau, 2005, p. 20). Lamentablemente, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas con discapacidad está invisibilizada debido a la falta de datos desagregados en los registros de agresiones contra los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en general, sin poder evidenciar cuantas de estas personas tienen discapacidad. A su vez, la inaccesibilidad de los servicios de restitución de derechos se convierta en una barrera adicional para superar la discriminación (FMA, 2022, p. 153).

Por otro lado, se inhiba la libre expresión de su sexualidad debido al prejuicio de los niñas y niños eternos, siendo percibidas como seres asexuados en la mirada de las demás personas. Por tanto, se le impide explorar aspectos de la vida como la sensualidad y el deseo. Las normas patriarcales también afectan a las mujeres con discapacidad (Cavalcante, 2018, p. 17; Revuelta, 2021, p. 26), mientras los feminismos recién están comenzando a considerar visiones inclusivas, denunciando la opresión que sufren las mujeres y niñas con discapacidad en las sociedades machistas y capacitista (Ferrari, 2020). La intersección entre género y discapacidad también afecta a hombres y niños con discapacidad. La masculinidad tradicional, por ejemplo, incide en la vulneración de sus derechos. Según los prejuicios se considera la fuerza física e independencia como estándares masculinos, pero los hombres con discapacidad a menudo no pueden cumplir con estos mandatos debido a las barreras que enfrentan. Sin embargo, precisamente debido a la ausencia de estas características, pueden ser víctimas de violencia por parte

de su entorno.

A pesar de que los hombres y niños con discapacidad pueden ser víctimas de violencia sexual, no sufren una vulneración sistemática basada en razones de género como ocurre con las mujeres y niñas con discapacidad. La dependencia emocional y económica, así como las barreras al momento de denunciar la vulneración, son similares para ambos géneros. Sin embargo, el estigma asociado a la masculinidad tradicional incluso puede influir en la vergüenza y la culpa que siente la víctima y su rehúso al denunciar el hecho de violencia por miedo a ser juzgado.

Intersección: discapacidad e interculturalidad

Desde una mirada intercultural, las personas consideradas “indígenas” o “de color”

(A) han logrado recuperar derechos a través de diversas luchas emancipatorias frente a grupos históricamente privilegiados de personas consideradas “blancas” (B). Sin embargo, las personas indígenas con discapacidad han sido invisibilizadas en estas luchas como en la recuperación de derechos.

Las ideas colonizadoras y discriminatorias, aunque eliminados en el papel, siguen vigentes en nuestras cabezas debido a ciertas culturas dominantes que influyen en nuestro imaginario común. Estas visiones culturales influyen en nuestra percepción de la belleza, nuestras formas de organizar las relaciones políticas en estados nacionales, actividades económicas capitalistas, etc. Estos imaginarios y normas siguen reproduciéndose en un sistema educativo bancario, reforzando jerarquías de conocimientos e ideas.

La reconstrucción de las visiones y realidades precolombinas depende de las pocas evidencias que se han podido rescatar de las propias culturas originarias, y no solamente por las culturas invasoras con sus interpretaciones y juicios de valor de la realidad de las otras culturas. Sin embargo, existen evidencias escritas y también arqueológicas (Drube, 2010) que sugieren un estatus especial de personas con discapacidad, como las transformaciones intencionadas de los cuerpos humanos desde la infancia como un privilegio, respaldados por justificaciones culturales (Ferrari, 2020, p. 125). Otras pruebas muestran la percepción cultural de las personas con discapacidad como “videntes” o divinas (Delgadillo, 2022, p. 139). Otras concluyen, alejados de interpretaciones religiosas, que las personas con discapacidad, a pesar de sus limitaciones, formaron parte activa de la sociedad como cualquier otro individuo, cumpliendo con el aporte obligatorio que exigía el imperio Incaico (Ferrari, 2020, p. 127).

Dentro del grupo heterogéneo de personas con discapacidad, existen corrientes que se consideran como culturas. Por ejemplo, las personas sordas, cuentan con su propia lengua y formas distintiva de relacionase. Otros hablan de “minorías físicas” (Davis, 1995, p. 3). También hay teorías (Gómez, 2022; Alcivar Martínez et al., 2024) que analizan la emergencia de una cultura de discapacidad en tres dimensiones: “histórico-lingüística, sociopolítica y persona-estética”.

La percepción discriminatoria de la discapacidad, en su mayoría, parte de una mirada, una recepción visual de lo “anormal”, una persona en silla de rueda, una persona con bastón (Davis, 1995, p 12). Asimismo, el reconocimiento de otra cultura entra por los ojos. En este sentido, la percepción de la discapacidad ocurre antes de interactuar con la persona, cuando se la adscribe a una categoría de “normal” u “otro”. Las únicas personas que consideran a persona con discapacidad como uno de los suyos, son otras personas con discapacidad.

A pesar del discurso de interculturalidad a nivel social y público, aún no se ha logrado una atención bilingüe para personas con diferentes lenguas maternas, y mucho menos se ha considerado inclusión de culturas de personas con discapacidad.

Intersección: discapacidad y autonomía

A menudo, el sistema educativo refuerza la situación de desventaja de las personas con discapacidad (C) en comparación con aquellas con un nivel de instrucción formal más alto (A) o aquellas que han recibido poca instrucción o formación (B), ya que el grado de instrucción en personas con discapacidad se ve cuestionado y/o opacado por su discapacidad. También sus habilidades socioemocionales para la vida no son valoradas debido al prejuicios de su incapacidad de lograr la independencia en la vida.

La accesibilidad actitudinal, física y comunicacional en los espacios educativos puede convertirse en una barrera significativa (FMA, 2019, p. 17). Si la familia no acepta la diversidad funcional de unos de sus miembros, esto puede afectar negativamente el desarrollo cognitivo, psicológico y social de esta persona. Además, la falta de enseñanzas básicas en entornos educativos puede generar obstáculos para la inclusión y el desarrollo posterior en la vida, lo cual tiene un impacto en el nivel de autonomía alcanzable. Sin habilidades claves y una autoestima sólida, las personas con discapacidad dependerán toda su vida de otras personas por su sustento y cuidado.

Si bien las personas con discapacidad se esfuerzan por mejorar su grado de independencia por el bien de vivir una vida autónoma y plena, como promueve la visión social de la discapacidad, aún persisten percepciones que exigen la rehabilitación de las personas con discapacidad, que condiciona su reconocimiento como persona a un nivel de desarrollo alcanzado. La visión social ve a la persona antes que a su discapacidad, superando esta idea normalizadora. Una persona con o sin discapacidad nace con todos los derechos humanos y nadie les puede quitar por ninguna razón (ONU, 2008, p. 4).

A pesar del grado de independencia y/o formación formal adquirido, a menudo se sigue enfocando en la discapacidad en lugar de centrarse en la persona misma. Las barreras en la inserción laboral dificultan alcanzar una verdadera independencia, incluso para aquellas personas con títulos universitarios, quienes suelen ser etiquetadas como “personas con discapacidad” antes de profesionales (Davis, 1995)

Discapacidad y Mercado Laboral

El sistema capitalista refuerza la situación de desventaja de personas con discapacidad (C) en comparación con el grupo de personas de la “fuerza laboral productiva”

(A), ya sea por educación, edad u otros factores. Y personas que no desempeña un trabajo “productivo” (B) debido a sus labores domésticas de cuidado, edad, etc.

Es más, se puede argumentar que la visión binaria de la Dis/Capacidad se refiere a las habilidades productivas y reproductivas en un sistema capitalista, ante las exigencias de producir bienes y reproducir la fuerza de trabajo (es decir, personas). Las personas con discapacidad no pueden, o más bien no deben, cumplir estos mandatos del sistema patriarcal capitalista por la estigmatización de la infantilización que enfrentan (Revuelta, 2021, p. 26, Rojas, 2019, p. 120). En este sentido no reciben la misma valoración que aquellas sin discapacidad, y su contribución productiva se percibe como menor en el competitivo sistema capitalista (Yarza de los Ríos, 2019, p. 26, Ferrari 2020, p. 126). Esta percepción se refleja en la consideración de las personas con discapacidad (especialmente aquellas con grados elevados) como sujetos de cuidado y, en consecuencia, una “carga”.

El trabajo reproductivo feminizado, centrado en el cuidado de la vida, encuentra su razón de ser en el sistema capitalista por la reproducción de la fuerza laboral, fundamental para el funcionamiento del sistema (Rodríguez, 2015, p. 36). Sin embargo, el cuidado de las personas con discapacidad solo se justifica desde la visión capitalista para su rehabilitación e inserción laboral.

En este sentido, la responsabilidad de inclusión y la superación de las barreras de exclusión recae sobre las personas con discapacidad. Empero, el sistema capitalista, en su análisis de costos y beneficios considera la inversión de cuidado y rehabilitación para personas con discapacidad solo en la media en que sean funcionales dentro de la sociedad capitalista (Rojas, 2019, p. 101). Dado que el valor de una persona se evalúa en función de su contribución al trabajo productivo, a menudo se deniega el estatus pleno de “persona” a

las y los que no logran adaptarse a las condiciones excluyentes y competitivas impuestas por este sistema.

Es así que las personas con discapacidad enfrentan barreras para lograr su independencia económica y emocional, y estas dificultades también se extienden al momento de protegerse y denunciar la violencia sexual. En muchos casos, las personas agresoras son parte del círculo cercano como familiares, educadores o cuidadores. Presentar una denuncia contra la persona agresora puede significar mayor aislamiento de la persona con discapacidad y repercutir en su cuidado.

Discapacidad y adultocentrismo

Desde una perspectiva adultocéntrica, las personas consideradas “menores de edad” (A) aún no han adquirido el derecho a opinar y contribuir a la toma de decisiones, a diferencia de las personas “mayores de edad” (B). Sin embargo, las personas con discapacidad (C) a menudo se equiparán a “menores de edad” sin que tienen la perspectiva de poder convertir su estatus al de “mayor de edad” cuando cumplen con ciertos requisitos. Existen diferentes criterios que definen a una persona como “adulta”, según marcos normativos. En la mayoría de los países, se considera que una persona alcanza la edad adulta al cumplir 18 años, lo que marca el umbral entre “niña, niño, adolescente” y “persona adulta”. También existen percepciones culturales que determinan cuándo alguien está listo para su desempeño pleno e independiente en la comunidad, como la conformación de una pareja según la cosmovisión aymara. No obstante, el adultocentrismo niega a las personas que no cumplen con los criterios de edad o cualquier otro estándar de “persona adulta” su

voz y voto.

La hegemonía de las personas adultas a menudo se basa en sus habilidades productivas y reproductivas, lo que lamentablemente excluye a las personas con discapacidad. La tendencia a infantilizar a estas personas bajo la visión adultocentrista perpetúa la negación de sus derechos y privilegios como personas adultas, a diferencia de niñas y niños, a quienes se les permite acceder a estos derechos y privilegios a medida que cumplen cierta edad. Por ende, se les niega tener una vida autónoma y tomar decisiones independientes (Duarte, 2012, p. 103).

Promover la independencia de las personas con discapacidad no solo reduce la carga del cuidado, pero aún más relevante garantiza el pleno goce de derechos de todas las personas. En este sentido, las personas con discapacidad mayores de edad a menudo se ven discriminadas, ya que no se les reconoce la perspectiva de adquirir los derechos y responsabilidades como menores de edad cuando cumplen con el umbral legal establecido por ley. En este sentido se cimenta la visión de personas con discapacidad como niños y niñas eternos, negando la credibilidad de su testimonio y realidad vivida. De hecho, podría argumentarse que la tendencia a infantilizar a las personas con discapacidad en realidad es un proceso de deshumanización como analiza Rojas (2019), ya que les priva de los derechos y responsabilidades inherentes a su condición de persona, dejándoles en un vacío.

Discapacidad y participación política

Desde una mirada política, existen grupos de personas (A) que lograron una buena representatividad de sus necesidades y demandas en los espacios públicos y/o políticos, mientras otros grupos de personas están representados por terceros (B). Sin embargo, las personas con discapacidad (C), enfrentan barreras actitudinales, físicas y

comunicacionales que les impiden representarse en el ámbito político lo que vulnera su derecho a la participación política. Por otro lado, la representación de las personas con discapacidad por parte de terceros sigue mayoritariamente una perspectiva asistencialista, solicitando caridad en lugar de cambios estructurales.

En general, las personas con discapacidad suelen quedar invisibilizadas en los servicios y políticas públicas, cuando no se trata de una política específica dirigida a personas con discapacidad. Aunque forman parte de todas las sociedades y comunidades, no se transversaliza un enfoque inclusivo en áreas políticas de salud, educación, trabajo, impositivas, transporte, cultural, deportes etc. Las políticas de discapacidad a menudo se consideran como anexos a estas políticas, sin reconocerlas como parte integral de las mismas.

Por otro lado, existen prácticas de asistencialismo que no buscan generar cambios en la realidad ni aumentar el grado de independencia de las personas con discapacidad. En muchos casos, estas prácticas se presentan como acciones altruistas dentro de un sistema capitalista explotador, intentado disminuir e incluso disimular las consecuencias negativas causadas por la sociedad excluyente.

Las personas con discapacidad que han sufrido violencia, especialmente violencia sexual, mayormente inspiran compasión. No obstante, rara vez se considera necesario promover cambios estructurales para generar condiciones que indicen positivamente en la restitución de sus derechos y prevención de la violencia contra ellas y ellos. Las políticas de igualdad de género y prevención de violencias no suelen incluir un enfoque inclusivo, y las políticas de inclusión no parten de un análisis con enfoque de género y prevención de violencia.

En nuestra sociedad, a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de desarrollar su propia voz y ejercer sus derechos. Esta discriminación se agrava aún más en casos de violencia sexual, donde la palabra de la persona con discapacidad es cuestionada simplemente debido a su condición de ser una persona con discapacidad. Además, la falta de profesionales capacitados para recibir testimonio de personas con discapacidad perpetúa esta desigualdad.

Los espacios públicos de atención, como centros de salud, policía e instancias legales no brindan un servicio inclusivo. Las barreras actitudinales, física y comunicacionales dificultan que las personas con discapacidad accedan a estos lugares para denunciar la vulneración de sus derechos (FMA, 2022, p. 155). No existen las condiciones para que las personas puedan acceder a los espacios públicos para denunciar la vulneración de sus derechos, ya que por ejemplo el perfil profesional para una persona en atención a víctimas de violencia no considera conocimiento de herramientas de inclusión, siendo otro ejemplo de la falta de transversalización del enfoque inclusivo.

A menudo, las instancias de servicio a la ciudadanía en general no se consideran responsable de atender a personas con discapacidad, ya que existen instancias específicas para ellos y ellas, siguiendo la misma lógica de la discapacidad como apartado separado, pero no parte integral de las políticas públicas.

Las instancias de atención a persona con discapacidad están dirigidas a brindar asistencia a su discapacidad, pero no a la vulneración de sus derechos como persona. Negar la atención a una persona con discapacidad víctima de violencia es un ejemplo de la discriminación interseccional que enfrentan sistemáticamente, incluso por parte de las instituciones públicas del estado encargadas de defender sus derechos.

Discusión

Al hablar de la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, se deben considerar múltiples factores interseccionales que afectan tanto la prevención como la atención de casos de violencia sexual hacia las personas con discapacidad.

La prevención de la violencia sexual hacia personas con discapacidad no forma parte de la agenda de los colectivos de personas con discapacidad ni de las instituciones cuales trabajan en la prevención de la violencia. Por un lado, porque las personas con discapacidad son excluidas del estándar de personas para cuales están pensados las políticas, y por ende invisibilizadas en la sociedad. Por otro lado, porque no son priorizadas en la prevención de la vulneración de sus derechos y su restitución.

La exclusión de las personas con discapacidad de la categoría de “persona” debido a su falta de valor productivo no solo perpetúa la vulneración de sus derechos, sino que también sirve de justificativo para ignorar la vulneración de sus derechos, la exclusión en espacios públicos y estatales, como son las instancias de atención a la ciudadanía. Incluso prácticas como la esterilización forzada o la eutanasia de personas con discapacidad se han justificado bajo una lógica capitalista. En este sentido, las personas con discapacidad sufren una discriminación interseccional al ser considerado “no productivas” y sujetas al cuidado dentro del sistema capitalista.

La falta de acceso a la educación también puede privar a las personas con discapacidad de estrategias de protección, como el conocimiento de sus derechos y educación sexual integral. Es posible que algunas personas con discapacidad carezcan del conocimiento y las herramientas necesarias para identificar la vulneración de sus derechos en general, y en particular, sus derechos sexuales y reproductivos. Situaciones relacionadas con el cuidado personal o la higiene pueden ser aprovechadas por personas

agresoras si la persona con discapacidad no ha recibido educación sobre el cuidado de sus partes privadas, toques adecuados y los límites apropiados. Incluso es posible que la persona con discapacidad haya normalizado la violación de sus derechos debido a la falta de conocimiento sobre los mismos, sin darse cuenta de que esta vulneración constituye un delito (FMA, 2022, p. 165, ONU, 2017, p. 12).

En la intersección con las condiciones laborales, se intensifica la tendencia hacia el trabajo del cuidado feminizado, debido que las madres y cuidadoras de personas con discapacidad prefieren contratar mujeres en roles de cuidado como estrategia de prevención (FMA, 2022, p. 143) ante la sospecha generalizada de que los hombres podrían ser posibles agresores. No obstante, al mismo tiempo, se excluye a las mujeres con discapacidad tanto de los trabajos productivos como reproductivos, profundizando la dependencia por razón de género y discapacidad. Esto las condena a vivir una vida doméstica y privada, excluyéndolas de lo público.

El adultocentrismo y los bajos niveles de autonomía de las personas con discapacidad están estrechamente interrelacionados. Por un lado, la visión adultocentrista tiende a percibe a las personas con discapacidad como eternas niñas o niños. Sin embargo, esta infantilización de las personas con discapacidad incide en los bajos niveles (o incluso ausencia) de estimulación a personas con discapacidad desde su primera infancia, lo que a su vez impide el desarrollo de sus potencialidades y habilidades para alcanzar una vida autónoma.

En este sentido la profecía se vuelve realidad, ya que las personas con discapacidad en contextos de exclusión educativa, social y política perpetúan en un estado de desarrollo subóptimo y dependiente, cual será usado como justificación para la infantilización de personas con discapacidad desde una mirada adultocentrista. Esto no solo subestima sus

necesidades, sino que también limita su capacidad para tomar decisiones y controlar su propia vida, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos (esterilización forzada) (Devandas, 2017, p. 12).

Los colectivos emancipatorios como las luchas indígenas y feministas en muy pocos casos han incluido activamente a personas con discapacidad. La discapacidad a menudo se considera como un grupo aparte, sin transversalizarse en la representación de la diversidad humana. En lugar de permitirles expresarse y brindarles herramientas para alzar su propia voz, persisten obstáculos que dificultan el desarrollo de su agenda política disidente.

Los espacios tradicionales de representación de personas con discapacidad están impregnados por el mismo sistema patriarcal que aun domina gran parte de la sociedad, y por ende los espacios de toma de decisión están masculinizados, donde los derechos sexuales y reproductivos y la vulneración de estos son considerados como un problema personal, no público. Además, dominan las narrativas centradas en los destinos individuales de las personas con discapacidad y su lucha personal para superar la exclusión (Yarza de los Rios, 2019, p. 27).

Las luchas emancipatorias aún no han llegado de agitar las dinámicas internas del grupo de personas con discapacidad, siendo también una cuestión intergeneracional. Queda por verse si en el futuro cercano se cuestiona las relaciones de poder dentro de este colectivo heterogéneo. Hasta ahora no se ve la protección contra la violencia sexual en la agenda de los colectivos de personas con discapacidad, ni el tema de inclusión en las luchas contra la violencia de género y/o violencia sexual. La vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad sigue siendo un problema invisibilizado y por ende no priorizada.

Conclusiones

Retomando la definición de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se pudo evidenciar que son una variedad de factores interrelacionados que inciden en las barreras que obstaculizan que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos. Estos factores son externos a las personas con discapacidad y están determinados por el contexto sociocultural-histórico en el que viven. La discriminación interseccional discapacita a las personas con discapacidad, y cimente su destino limitando la posibilidad de disfrutar plenamente de su estatus como persona

Cuando se externaliza la vulnerabilidad, definiéndola como una situación de desventaja que depende del contexto sociocultural-histórico, se propone al menos dos elementos claves: En primer lugar, la vulnerabilidad no define a la persona, sino más bien a su contexto. En segundo lugar, esta situación de vulnerabilidad no es un “destino” inmutable que determine la vida de la persona, sino más bien una condición que puede cambiar. Es responsabilidad de la sociedad crear condiciones equitativas e igualitarias con enfoque inclusivo.

El enfoque inclusivo refuerza la visión social de la discapacidad, considerando la diversidad como un factor enriquecedor para las relaciones sociales en la sociedad en su conjunto. Insiste en que las personas con discapacidad forman parte integral de nuestra sociedad, y que no deben ser consideradas como una población aparte y anexo a un estándar, tendencia que promueve la segregación de las personas con discapacidad. Ellos y ellas tienen los mismos derechos y responsabilidades como todas las personas independientemente de su condición de discapacidad, cuales están establecidos y garantizados en el marco normativo internacional, nacional e incluso en los gobiernos subnacionales en varios territorios.

La discriminación interseccional contra personas con discapacidad conduce no solo a su infantilización, pero incluso en una deshumanización invisibilizada (Rojas, 2019), negando a las personas con discapacidad su estatus como persona y sus derechos como seres humanos. Al aceptar esta discriminación, la sociedad y las instancias públicas se convierten en cómplices de la violación de los derechos de estas personas.

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Sobre el autor Principal

Master of Arts en Relaciones Internacionales “Gobernanza y Sociedad Global” de la Universidad de Lucerna, Suiza. Bachelor or Arts en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Wurzburgo, Alemania. Publicaciones educativas de prevención de violencia sexual con enfoque inclusivo. Actualmente forma parte del equipo de trabajo de la Fundación Machaqa Amawta, institución que cuenta con una alianza estratégica con la Universidad Privada San Francisco de Asís para el desarrollo de procesos de investigación.