Vacunas extorsivas en Ecuador: Un análisis jurídico sobre las tendencias de extorsión en América Latina

Extortionist vaccines in Ecuador: A legal analysis of extortion trends in Latin America Vacinas extorsivas no Equador: Uma análise jurídica sobre as tendências de extorsão na América Latina

Washington Leodan Palma Andrade1

Recibido: 07/04/2024, Revisado: 25/04/2024, Aceptado: 20/05/2024, Publicado: 30/05/2024

Cita sugerida (APA, séptima edición): Palma Andrade, W. L. (2024). Vacunas extorsivas en Ecuador: Un análisis jurídico sobre las tendencias de extorsión en América Latina. Revista Multidisciplinaria Voces De América Y El Caribe, 1(1), 432-

473. https://remuvac.com/index.php/home/article/view/48

Resumen

Introducción: El envejecimiento poblacional constituye un problema demográfico y social a nivel mundial, del que Cuba no está exenta. Posee el 18,1 % de la población de 60 y más años, demandando servicios de salud de calidad, por lo que evaluar la atención que se presta constituye una necesidad. Objetivo: evaluar la calidad de atención a adultos mayores en la casa de abuelos del municipio Baracoa en el año 2022. Método: se realizó una investigación en Sistemas y Servicios de Salud, el universo estuvo constituido por 6 profesionales de salud, otros

8 trabajadores que estuvieron laborando durante la investigación y 25 adultos mayores ingresados en la casa de abuelos. Se procesó mediante medidas de porcentaje. Resultados: para la evaluación de los elementos que integran la calidad, se tuvieron en cuenta 26 criterios,

según el grupo de expertos, 16 de estos se evaluaron de adecuados representando el 61,5 % y 10 de inadecuado para un 38,5%. Conclusiones: la calidad en la atención al adulto mayor resultó ser inadecuada, tanto en procesos como resultados de la satisfacción de los proveedores, según resultados obtenidos al comparar los indicadores con los estándares prefijados.

Palabras clave: América Latina, crimen organizado, extorsión, legislación ecuatoriana, vacunas extorsivas.

Abstract

Context: this article explores "extortion vaccines," a form of extortion where local businesses in Ecuador are charged for "protection," highlighting how these practices adversely impact both the economy and the social fabric of the country. This phenomenon reflects a broader trend of organized crime in Latin America, which creates an environment of insecurity and coercion. Objective: to analyze the legal dimensions and trends of 'extortion vaccines' in Ecuador, situating them within the context of extortion practices in Latin America. Methodology: a systematic review of the literature was conducted, selecting 51 relevant articles from databases such as Science Direct, Scielo, Redalyc, and Google Scholar. The inclusion criteria focused on studies discussing extortion from legal and social perspectives. Development: the study highlights how Ecuadorian legislation confronts this challenge and compares legal responses across different Latin American contexts. Conclusion: the main conclusion reveals the critical need to strengthen legal strategies and improve cooperation among nations in the region to effectively combat extortion and its harmful effects.

Keywords: extortion, extortion vaccines, Ecuadorian legislation, organized crime, Latin America

Resumo

Contexto: este artigo explora as "vacinas extorsivas", uma forma de extorsão onde empresas locais no Equador são cobradas por "proteção", destacando como essas práticas impactam adversamente tanto a economia quanto o tecido social do país. Esse fenômeno reflete uma tendência mais ampla de crime organizado na América Latina, que cria um ambiente de insegurança e coerção. Objetivo: analisar as dimensões jurídicas e as tendências das 'vacinas extorsivas' no Equador, situando-as no contexto das práticas de extorsão na América Latina. Metodologia: foi realizada uma revisão sistemática da literatura, selecionando 51 artigos relevantes de bases de dados como Science Direct, Scielo, Redalyc e Google Scholar. Os critérios de inclusão focaram em estudos que discutem a extorsão sob perspectivas jurídicas e sociais. Desenvolvimento: o estudo destaca como a legislação equatoriana enfrenta esse desafio e compara as respostas legais em diferentes contextos latino-americanos. Conclusão: a principal conclusão revela a necessidade crítica de fortalecer estratégias legais e melhorar a cooperação entre as nações da região para combater efetivamente a extorsão e seus efeitos prejudiciais.

Palavras-chave: extorsão, vacinas extorsivas, legislação equatoriana, crime organizado, América Latina.

Introducción

El término "vacunas extorsivas" acorde a lo dispuesto por Paladines y Maldonado (2023) refiere a las exigencias económicas que grupos criminales imponen a negocios locales a cambio de protección, un modus operandi que ha llevado a los comerciantes a enfrentar dilemas morales y económicos profundos. Estas prácticas no solo minan la estabilidad económica de los afectados, sino que también desafían la eficacia de las estructuras legales y de seguridad del país. El estudio de este fenómeno es crucial para diseñar políticas públicas que puedan contrarrestar eficazmente la influencia y el alcance de estas redes criminales.

De acuerdo con Paladines y Maldonado (2023), a pesar de las legislaciones vigentes, existe un vacío significativo en la aplicación efectiva de las leyes y en la protección real a los comerciantes. Este estudio indica que, históricamente, las respuestas estatales han sido insuficientes, lo que subraya la necesidad de reformas legales y de estrategias de seguridad más robustas y adaptadas a la realidad local. Además, el miedo y la reticencia a denunciar estos crímenes perpetúan un ciclo de impunidad y violencia que erosiona aún más el tejido social y la confianza en las instituciones.

En este contexto, la revisión busca explorar y discutir las estrategias legales y las respuestas institucionales actuales frente a la extorsión en Ecuador. Se evaluarán críticamente las políticas públicas implementadas para mitigar este tipo de delitos y se identificarán las áreas donde se requieren intervenciones urgentes. Este análisis servirá como base para proponer recomendaciones dirigidas a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y mejorar la protección de los ciudadanos ante la extorsión organizada. Ante ello, la pregunta de investigación radica en: ¿Cuáles son las limitaciones de las actuales estrategias legales y respuestas institucionales frente a las "vacunas extorsivas" en Ecuador, y cómo pueden estas estrategias adaptarse mejor para abordar eficazmente este fenómeno dentro del marco de las tendencias de extorsión en América Latina?

Asimismo, se contempla una revisión de la literatura existente sobre extorsión y crimen organizado en contextos similares, con el fin de extraer lecciones aplicables al caso ecuatoriano. Esta perspectiva comparativa es fundamental para entender la singularidad del problema en Ecuador y para construir un marco de análisis que integre exitosamente experiencias y estrategias de otras jurisdicciones. Este artículo introduce una perspectiva innovadora al centrarse en las "vacunas extorsivas" específicamente dentro del contexto ecuatoriano, un ámbito que hasta ahora ha sido poco explorado en la literatura académica.

Al comparar directamente las estrategias legales y las respuestas gubernamentales de Ecuador con las de otros países latinoamericanos, se logra una comprensión más profunda de las peculiaridades y desafíos específicos que enfrenta Ecuador en su lucha contra el crimen organizado y la extorsión. También, este estudio contribuye al debate académico al proponer una combinación de enfoques metodológicos que incluyen tanto análisis cualitativos como cuantitativos, lo que permite una evaluación más detallada de las políticas públicas y su eficacia en diferentes entornos. Esta aproximación metodológica mixta no solo enriquece la calidad del análisis, sino que también abre nuevas vías para futuras investigaciones que busquen entender y mitigar la extorsión en contextos comparables.

Para fundamentar lo anterior, se presentan los siguientes antecedentes:

Zabyelina et al. (2019) exploran en su estudio la utilización de la extorsión como método de financiación por parte de grupos terroristas, señalando cómo estas prácticas se asemejan a las operaciones de crimen organizado. A través de su análisis, demuestran que la extorsión facilita a los grupos terroristas imponer una "tributación" sobre comunidades locales y negocios, contribuyendo a sus aspiraciones de estatalidad. Aunque el estudio abre nuevas perspectivas sobre la simbiosis entre terrorismo y crimen organizado, carece de un enfoque más amplio sobre las estrategias efectivas de intervención internacional, identificando así un área crucial para futuras investigaciones.

Battisti et al. (2018) analizan cómo las empresas optan por resistirse a la extorsión de la mafia, utilizando datos de la ONG Addiopizzo que promueve la resistencia empresarial en Sicilia. Su enfoque empírico resalta los factores que motivan a las empresas a rechazar la extorsión, sin embargo, el estudio se limita geográficamente a Italia y no aborda la transferibilidad de estas estrategias a otras regiones, lo que sugiere la necesidad de investigar la aplicabilidad de tales resistencias en contextos diferentes.

En su investigación, Estévez-Soto (2021) aporta evidencia empírica sobre los determinantes de la conformidad con la extorsión en México, basándose en datos de una encuesta de victimización comercial. Mientras que el estudio destaca factores como la percepción de inseguridad y la eficacia policial, no profundiza en las políticas públicas o estrategias de prevención que podrían mitigar la extorsión, marcando un área significativa para el desarrollo de investigaciones que fortalezcan las respuestas institucionales y legales.

Rusev (2018) proporciona un detallado análisis de la extorsión y el racketeering, ilustrando cómo estas actividades son fundamentales para las operaciones del crimen organizado y se distinguen de otros delitos como el soborno o el robo. Aunque el estudio es exhaustivo en definir y describir la extorsión, falta explorar más a fondo las respuestas legales y las medidas de prevención efectivas en distintos contextos judiciales y culturales, sugiriendo un espacio para futuros trabajos que puedan contextualizar y mejorar las intervenciones legales.

La Rosa et al. (2018) investigan el comportamiento emprendedor anti-mafia y los factores que impulsan a las pequeñas y medianas empresas del sur de Italia a resistirse a la extorsión mafiosa. A pesar de ofrecer una valiosa visión sobre el espíritu emprendedor contra la mafia, el estudio no aborda cómo estas prácticas podrían ser implementadas en sectores menos organizados o en economías emergentes, destacando un vacío importante en la literatura que podría abordar la expansión de estrategias de resistencia en diferentes entornos económicos.

En la presente revisión se aborda el fenómeno emergente de las "vacunas extorsivas" en

Ecuador, un concepto que ha capturado la atención tanto de la sociedad como de los cuerpos de seguridad por su impacto corrosivo en las dinámicas comerciales y sociales. Este artículo tiene como objetivo principal analizar las dimensiones jurídicas y las tendencias de las 'vacunas extorsivas' en Ecuador, situándolas en el contexto de las prácticas de extorsión en América Latina.

Metodología

Para llevar a cabo la revisión sistemática de la literatura sobre el fenómeno de las "vacunas extorsivas" en Ecuador y Latianoamérica, se adoptó la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), este marco, detallado por Page et al. (2021), proporciona pautas claras las cuales garantizan una estructura coherente y rigurosa en la selección y análisis de las investigaciones previas. Se inició estableciendo un conjunto de criterios de inclusión y exclusión para filtrar los estudios relevantes y recientes que abordaran la extorsión y el crimen organizado, así como sus implicaciones en las dinámicas comerciales y la seguridad pública.

Los criterios de inclusión especificaron que los artículos seleccionados debían ser investigaciones empíricas o revisiones sistemáticas publicadas desde 2018 hasta 2023, centradas en las prácticas de extorsión y sus implicaciones en las dinámicas comerciales y la seguridad pública en América Latina. Se priorizaron estudios que ofrecieran análisis cualitativos o cuantitativos sobre las respuestas legales y las políticas públicas implementadas para combatir la extorsión. Por otro lado, los criterios de exclusión eliminaron estudios que, aunque mencionaran la extorsión, no analizaran profundamente las dinámicas específicas de este fenómeno ni las respuestas estatales. También se descartaron artículos que no estuvieran sujetos a revisión por pares, publicaciones anteriores a 2018, y aquellos que no aportaran evidencia empírica sustancial o un análisis detallado relevante para el contexto ecuatoriano y

latinoamericano.

Figura 1.

Excluidos (n = 10) Otro tema: 0

Otra población diana: 5

Sin acceso a texto completo: 5

Selección

Tamizaje

Identificación

Inclusión

Flujograma de la búsqueda sistemática y la selección de artículos

La búsqueda se centró en literatura publicada en los últimos cinco años, desde 2018 hasta 2023, para reflejar las tendencias y desarrollos más actuales en este campo. Se seleccionaron artículos académicos de bases de datos reconocidas como Science Direct, Scielo, Redalyc y Google Académico, aprovechando el acceso a una amplia gama de investigaciones tanto en inglés como en español. Esto permitió incorporar perspectivas y estudios tanto regionales como internacionales que ofrecieran un panorama más completo sobre el tema.

Los criterios de inclusión especificaron que los artículos debían ser estudios empíricos, revisiones sistemáticas, análisis de políticas o estudios de caso que ofrecieran datos cualitativos o cuantitativos. Los temas de interés primordial incluyeron las prácticas de extorsión, las respuestas legales y políticas públicas orientadas a combatir el crimen organizado, y el impacto de tales prácticas en el comercio y la seguridad en zonas urbanas y rurales. Esta selección buscaba garantizar que los estudios proporcionaran información relevante y aplicable al contexto específico de Ecuador y las particularidades de su lucha contra la extorsión en Latinoamérica. En cuanto a los criterios de exclusión, se descartaron aquellos estudios que, aunque mencionaran la extorsión, no centraban su análisis en las dinámicas específicas de este fenómeno o en las respuestas estatales como aspecto principal. También se excluyeron estudios desactualizados, publicados antes de 2018, para mantener la relevancia del análisis en el contexto actual. Además, se omitieron los documentos que no habían sido sometidos a revisión por pares, así como editoriales y comentarios que no aportaran evidencia empírica o análisis detallado.

El proceso de selección se realizó en dos fases: inicialmente, se revisaron los títulos y resúmenes de los artículos para determinar su relevancia preliminar. Aquellos que cumplían con los criterios de inclusión pasaron a una segunda fase de evaluación, donde se realizó una lectura completa para asegurar que su contenido era significativo y pertinente para el estudio. Este enfoque

garantizó que se integraran en la revisión aquellos trabajos que realmente aportaran a la comprensión del problema de las "vacunas extorsivas" y que ofrecieran perspectivas útiles para el diseño de políticas más eficaces.

Para garantizar una búsqueda exhaustiva y pertinente de la literatura relacionada con las "vacunas extorsivas" en Ecuador, se definieron cuidadosamente las palabras clave que orientaron el proceso de selección de los estudios. Las palabras clave seleccionadas fueron "extorsión", "crimen organizado", "protección forzada", "violencia económica", y "seguridad pública". Estas se emplearon tanto individualmente como en diversas combinaciones para maximizar el alcance y la profundidad de la búsqueda en bases de datos académicas.

Esta estrategia permitió identificar artículos que abordaran directamente los fenómenos de interés y que proporcionaran perspectivas sobre las dinámicas de la extorsión y el impacto socioeconómico de la criminalidad organizada en contextos comparables al ecuatoriano. El empleo de estas palabras clave fue fundamental para recopilar una amplia variedad de estudios empíricos, análisis de políticas y revisiones sistemáticas que enriquecieran la comprensión del tema y fundamentaran las discusiones y conclusiones del presente artículo.

La integración y síntesis de los hallazgos se orientaron a entender no solo las prácticas de extorsión y su impacto, sino también las estrategias legales y políticas actuales. Se buscó identificar las brechas en la literatura existente y en las respuestas institucionales, con el fin de proponer recomendaciones que contribuyan a mejorar la seguridad y la eficacia de las medidas legales en Ecuador.

Resultados y discusión

Dinámicas de la extorsión en América Latina: Influencias legales y sociales en la resistencia y cumplimiento

En América Latina, la extorsión representa una faceta compleja y perturbadora de la criminalidad organizada que afecta tanto a individuos como a empresas, permeando diversas esferas sociales y económicas. A través de un análisis de varios estudios recientes, este ensayo explora las influencias legales y sociales que impactan en la resistencia y el cumplimiento frente a la extorsión en la región.

El trabajo de Estévez-Soto (2021) destaca los determinantes del cumplimiento de la extorsión a través de una lente de victimización. La investigación sugiere que el cumplimiento a menudo está condicionado por la percepción de amenaza y la capacidad de las instituciones para ofrecer protección efectiva. Las víctimas que perciben a la policía como incapaz o corrupta tienden a cumplir más con las demandas de los extorsionadores por miedo a represalias, destacando la importancia de fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad.

Por otro lado, Moncada (2021) examina cómo las comunidades y los individuos resisten la extorsión. A menudo, la resistencia se organiza a través de redes comunitarias y, en algunos casos, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales que asesoran y protegen a las víctimas. Este estudio resalta cómo las políticas orientadas a fortalecer el tejido social y la cohesión comunitaria pueden ser estrategias efectivas en la lucha contra la extorsión.

Fontes (2018) aborda las vidas cotidianas de quienes han sido afectados por la extorsión, ilustrando el profundo impacto psicológico y económico que este delito tiene en las víctimas. Las historias recogidas en este estudio muestran que la extorsión no solo desestabiliza financieramente a las familias, sino que también crea un ambiente de miedo y desconfianza que pervierte las relaciones sociales y familiares.

Desde una perspectiva corporativa, Neu (2019) analiza cómo las empresas gestionan la contabilidad en contextos donde la extorsión es frecuente. Las prácticas contables a menudo tienen que adaptarse para manejar el "costo" de la extorsión, lo que puede llevar a una serie de

complicaciones fiscales y éticas. Este estudio demuestra la necesidad de políticas que proporcionen apoyo específico a empresas en áreas de alto riesgo.

Ponce (2021) se centra en los extorsionadores, examinando las decisiones que toman en El Salvador. Este estudio revela que las decisiones de los criminales están fuertemente influenciadas por las estructuras organizativas de las bandas a las que pertenecen, así como por la percepción de riesgo frente a la acción policial. Estos hallazgos subrayan la importancia de desarticular las redes criminales y aumentar la presencia policial efectiva como medida disuasoria.

Berdnikov y Petrova (2023) discuten las generalidades del corpus delicti en la práctica judicial de la extorsión, mostrando cómo varía la interpretación legal en diferentes jurisdicciones de América Latina. La inconsistencia en las definiciones legales y en las sanciones puede complicar los esfuerzos transnacionales para combatir este delito, sugiriendo la necesidad de un marco legal más armonizado.

Finalmente, Altamirano et al. (2022) analizan cómo las percepciones de inseguridad influyen en las prioridades políticas en México y Brasil. El miedo a la victimización puede desplazar la atención de políticas de desarrollo a políticas de seguridad, lo que a veces resulta en respuestas militarizadas que podrían no ser efectivas a largo plazo. Este estudio advierte sobre los riesgos de las políticas de seguridad que no están acompañadas de esfuerzos por mejorar las condiciones económicas y sociales.

La extorsión en América Latina, como se ve en estos estudios, es un fenómeno multidimensional que requiere un enfoque multifacético para su mitigación y prevención. Los esfuerzos legales deben complementarse con estrategias sociales que fortalezcan las comunidades, mejoren la confianza en las instituciones de seguridad y apoyen a las empresas en su manejo de los riesgos relacionados con la extorsión. Las políticas públicas deben diseñarse considerando tanto la resistencia a nivel local como las estructuras de apoyo a nivel nacional e internacional.

La integración de políticas económicas y de desarrollo con estrategias de seguridad es crucial para abordar las causas subyacentes de la extorsión. El empoderamiento económico y la mejora de la infraestructura en comunidades vulnerables pueden reducir la dependencia de los residentes locales hacia los grupos extorsionistas, al proporcionar alternativas legítimas de empleo y una mejor calidad de vida. Asimismo, la educación y la sensibilización sobre los derechos legales son fundamentales para fomentar una cultura de denuncia y resistencia contra la extorsión.

Por ende, es vital mejorar la capacidad de las fuerzas del orden para responder de manera efectiva y justa a los informes de extorsión. La capacitación en técnicas de investigación especializadas, junto con el uso de tecnología avanzada, puede aumentar la eficacia de las operaciones policiales contra redes extorsionistas. La cooperación internacional también juega un papel crucial, ya que muchos grupos de extorsión operan a través de fronteras nacionales. Un esfuerzo coordinado que incluya el intercambio de información y estrategias conjuntas puede ser más efectivo para desmantelar estas redes criminales.

La implementación de un marco legal más consistente y armonizado en toda América Latina también podría facilitar una acción más decidida y coordinada contra la extorsión. Estándares legales claros y compartidos permitirían una persecución más efectiva de los delitos transnacionales y ayudarían a cerrar las brechas que actualmente permiten a los extorsionistas explotar las diferencias entre sistemas judiciales nacionales.

Impacto y respuestas al crimen organizado y extorsión bajo el marco del COIP: Estudios de caso y análisis comparativos

El crimen organizado y la extorsión representan desafíos significativos para la seguridad y el orden público en muchas partes del mundo, incluido Ecuador. El marco legal proporcionado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador ofrece herramientas específicas para

enfrentar estos retos. A través del análisis de varios estudios de caso y contextos comparativos internacionales, es posible obtener una comprensión más profunda del impacto de estas actividades criminales y de las respuestas legales efectivas.

El estudio de Paladines y Maldonado Ruiz (2023) se centra específicamente en las "vacunas" de extorsión en Ecuador, un término local que describe pagos forzados por protección. Este fenómeno no solo socava la economía local sino que también instila un clima de miedo y desconfianza entre los ciudadanos. El COIP aborda estos actos bajo su legislación contra la extorsión, estableciendo sanciones severas que buscan disuadir tales actividades. Sin embargo, la efectividad de estas medidas legales a menudo se ve comprometida por la falta de denuncias y la corrupción dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

Comparativamente, Gladkikh (2021) analiza la distinción entre coacción y extorsión en Rusia, ofreciendo perspectivas sobre cómo diferentes jurisdicciones abordan legalmente estos conceptos. En Rusia, como en Ecuador, la línea entre coacción y extorsión puede ser difusa, pero es crucial para la aplicación de la ley entender estas diferencias para garantizar que las respuestas sean adecuadas y justas. Este análisis puede ayudar a Ecuador a afinar sus definiciones y métodos de enjuiciamiento bajo el COIP.

Abaya et al. (2021) y Angarita-Cañas (2020) proporcionan un contexto más amplio sobre cómo la extorsión y el crimen organizado pueden llevar al desplazamiento forzado y afectar a la globalización. En Ecuador, las comunidades afectadas por la extorsión a menudo experimentan una erosión de sus estructuras sociales y económicas, lo que puede resultar en desplazamiento interno o emigración. Estos estudios subrayan la importancia de abordar la extorsión no solo como un delito sino como un problema social y económico que requiere un enfoque integral.

El análisis de Saritaş (2022) sobre la extorsión por funcionarios públicos ilumina otro aspecto crítico que también es relevante en el contexto ecuatoriano. La corrupción en las filas del gobierno puede socavar seriamente los esfuerzos para combatir la extorsión, haciendo que las leyes como

las establecidas en el COIP sean menos efectivas. Este estudio sugiere la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro de las instituciones gubernamentales.

Por otro lado, Goyal y Singh (2021) exploran la extorsión cibernética, un área relativamente nueva que está ganando prominencia con el avance tecnológico. En Ecuador, como en muchos otros países, la legislación aún está adaptándose a las formas en que la tecnología puede ser utilizada para cometer delitos tradicionales como la extorsión. Este estudio resalta la necesidad de actualizar continuamente el marco legal para abordar estas nuevas modalidades.

Asimismo, Kenenbayev y Sydykova (2018) discuten las peculiaridades de la calificación legal de la extorsión cometida en grupo, un aspecto relevante dado que muchas operaciones de extorsión en Ecuador son llevadas a cabo por organizaciones criminales estructuradas. Este enfoque grupal puede complicar los esfuerzos de persecución y requiere que el COIP incluya disposiciones específicas para abordar la naturaleza organizada de estos crímenes.

Cabe resaltar que el Artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) define y sanciona la extorsión en Ecuador, especificando las penas para quienes amenacen o coaccionen a otros para obtener beneficios económicos o ventajas no debidas. La implementación de este artículo es crucial, ya que proporciona el marco legal para procesar a los delincuentes. Sin embargo, la aplicación efectiva de este artículo a menudo se ve obstaculizada por la falta de denuncias, debido al miedo a represalias por parte de los extorsionadores. Es vital que el Estado ecuatoriano fortalezca los mecanismos de protección a testigos y víctimas, así como las campañas de concienciación que animen a los ciudadanos a reportar estos crímenes.

Por otra parte, el Artículo 185 del COIP trata sobre la extorsión realizada por una persona que es parte de una organización criminal, imponiendo penas más severas para estos casos. Esto refleja una comprensión de la naturaleza a menudo organizada de la extorsión y la necesidad de un enfoque más duro contra las redes criminales. La eficacia de este artículo depende en gran

medida de la capacidad de las autoridades para desmantelar estas organizaciones y procesar a sus miembros, lo que a su vez requiere cooperación internacional y el uso de tecnologías avanzadas de investigación.

En el contexto ecuatoriano, la extorsión no solo afecta a individuos, sino que tiene un impacto considerable en el sector empresarial, disuadiendo la inversión local y extranjera. Las garantías legales proporcionadas por el COIP son fundamentales, pero deben complementarse con políticas económicas que fortalezcan a las empresas contra estas amenazas. Iniciativas como mejoras en el ambiente de negocios, incentivos para la seguridad privada en sectores altamente vulnerables y programas de apoyo a pequeñas empresas pueden ayudar a mitigar el impacto económico de la extorsión.

Cabe resaltar que, el éxito en la lucha contra la extorsión y el crimen organizado en Ecuador no solo recae en la aplicación del COIP, sino también en la reforma y fortalecimiento del sistema judicial y policial. La corrupción dentro de estas instituciones puede socavar seriamente los esfuerzos legales y permitir que la impunidad prevalezca. Es crucial que Ecuador continúe con las reformas para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de sus cuerpos de seguridad y justicia. Solo a través de un sistema judicial robusto y confiable, el COIP puede ser aplicado de manera que verdaderamente disuada y reduzca los actos de extorsión.

Estrategias de mitigación y políticas públicas contra la extorsión en el entorno económico y político de América Latina

La extorsión en América Latina no es solo un problema de seguridad, sino que también afecta de manera significativa las estructuras económicas y políticas de la región. La comprensión de las respuestas eficaces a este desafío complejo requiere un análisis detallado de varias estrategias y políticas propuestas por expertos en diferentes campos.

Un enfoque fundamental en la lucha contra la extorsión es mejorar la transparencia y la fiscalización de las élites, como se destaca en el trabajo de Garcia (2023). Este autor sugiere que al fortalecer las medidas de fiscalización y asegurar la transparencia, especialmente entre las élites políticas y económicas, se puede fortalecer el estado de derecho y reducir los espacios para la corrupción y la impunidad. Esto es crucial ya que la corrupción en altos niveles puede facilitar la extorsión y socavar los esfuerzos para combatirla.

Por otra parte, Altamirano (2019) analiza cómo la vulnerabilidad económica y el partidismo político pueden exacerbate los impactos de la extorsión. El autor argumenta que fortalecer la economía local y reducir la desigualdad son pasos críticos para minimizar la dependencia de las comunidades hacia los grupos criminales que demandan pagos por protección. Este enfoque resalta la importancia de políticas económicas inclusivas que contribuyan a una resistencia más fuerte contra la extorsión.

En términos de innovación social y condición institucional, Guerrero y Urbano (2020) exploran cómo las políticas que fomentan la participación comunitaria en la seguridad pueden empoderar a las comunidades y disminuir la violencia. Los autores destacan programas que integran a la comunidad en la vigilancia y gestión de su seguridad, promoviendo un ambiente más seguro y una mayor cohesión social.

Abordando la seguridad ciudadana desde un ángulo innovador, Chinchilla y Vorndran (2018) subrayan la necesidad de políticas que integren la tecnología en las estrategias de seguridad. El uso de cámaras de vigilancia, sistemas de reporte en línea, y la capacitación de la policía en técnicas de proximidad pueden mejorar significativamente la eficacia de las respuestas a la extorsión.

Flores-Macías (2018) llama la atención sobre las peligrosas consecuencias de militarizar los esfuerzos antidrogas, lo cual es aplicable a la lucha contra la extorsión. Este enfoque a menudo

resulta en un aumento de la violencia sin reducir la criminalidad. En cambio, el autor recomienda políticas que se centren más en la justicia social y menos en la coerción militar.

Desde una perspectiva del crimen organizado, Jones y Sullivan (2019) ilustran cómo actividades como el robo de combustible son facilitadas por carteles criminales que también participan en la extorsión. Destruir estas redes a través de inteligencia financiera y cooperación internacional es esencial para cortar las fuentes de financiamiento de estos grupos.

Finalmente, en su estudio sobre Brasil y México, Gledhill (2018) examina cómo las respuestas centradas en la securitización y la lucha contra las mafias pueden influir en los niveles de violencia relacionados con la extorsión. Las políticas que fortalecen las instituciones civiles y fomentan una justicia equitativa son vistas como alternativas viables a las estrategias punitivas. En el vasto tapiz de la violencia y la criminalidad en América Latina, la extorsión emerge como una práctica perturbadoramente legítima que se entrelaza con el tejido social y económico de la región. Albarracín y Barnes (2020) ilustran cómo la violencia criminal permea las sociedades latinoamericanas, frecuentemente enraizada en la desigualdad estructural y las fallas institucionales que también fomentan la extorsión como método de control territorial. Este escenario es complementado por el análisis de Bitar y Long (2019), quienes discuten la seguridad internacional en América Latina, enfatizando la necesidad de enfoques multidimensionales que integren medidas de seguridad y desarrollos socioeconómicos para combatir la extorsión y otros crímenes organizados, resaltando cómo la inseguridad trasciende las fronteras nacionales y exige respuestas transnacionales.

La lucha contra estas dinámicas no solo es un desafío de política y seguridad sino también de derechos humanos, como señala Evans (2020), al destacar el papel histórico de la Iglesia Católica en la defensa de los derechos humanos en América Latina. Esta perspectiva es vital, ya que el combate a la extorsión no sólo debe perseguir a los criminales, sino también proteger y

restaurar los derechos de sus víctimas, a menudo olvidados en las estrategias de seguridad convencionales.

González (2021) proporciona una comparación intrigante entre Sicilia y Michoacán, mostrando cómo la extorsión puede adquirir una faceta de "legitimidad" cuando los estados fallan en proveer seguridad y bienestar, llevando a las comunidades a buscar protección en organizaciones criminales que operan bajo un código de conducta perversamente reconocido. Este fenómeno refleja la complejidad de combatir la extorsión, donde las respuestas deben desmantelar no solo las redes criminales, sino también reconstruir la confianza en las instituciones legítimas.

Finalmente, Gundur (2020) revisa la situación del crimen organizado transnacional en la región, reforzando la idea de que la extorsión no es solo un problema local o nacional, sino un componente del crimen organizado que cruza fronteras y que requiere cooperación internacional para su erradicación efectiva. Estos estudios colectivamente subrayan que la lucha contra la extorsión en América Latina debe abordar tanto los mecanismos de acción criminal directa como sus raíces socioeconómicas y políticas, integrando estrategias de seguridad, desarrollo económico, protección de derechos humanos y cooperación internacional en un marco cohesivo y sustentable.

La extorsión y el crimen organizado en América Latina son temas ampliamente discutidos por diversos académicos, quienes desde diferentes ángulos analizan las implicancias políticas, económicas y sociales de estos fenómenos. Por ejemplo, O'Malley y Holt (2020) exploran el concepto de la ciberextorsión, subrayando cómo el avance tecnológico ha permitido nuevas formas de criminalidad que desafían las respuestas tradicionales de las fuerzas del orden. Este estudio ilustra la adaptabilidad de los criminales ante los cambios tecnológicos y la necesidad de que las políticas de seguridad se actualicen continuamente.

Por otro lado, Ornelas (2018) examina cómo el crimen organizado ha permeado la economía local en Michoacán, especialmente en el mercado de exportación de aguacate, demostrando

cómo las actividades de rent-seeking no solo afectan la economía sino también perpetúan estructuras de poder y violencia. Este caso es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado puede entrelazarse con actividades económicas legales, complicando así las estrategias de intervención.

En términos políticos, París Pombo (2020) y Pearce (2020) discuten las transiciones de regímenes autoritarios y cómo los legados de violencia y criminalidad continúan afectando las estructuras democráticas actuales. Ellos argumentan que los esfuerzos para desarrollar y democratizar la región han sido constantemente socavados por la persistencia de prácticas violentas y criminales, que son en parte productos de regímenes políticos anteriores que priorizaban la represión sobre la justicia social y la equidad.

Pérez Sandoval y Barker Flores (2023) abordan esta problemática desde la perspectiva de la seguridad pública, criticando las democracias violentas que, aunque democráticas en nombre, siguen ejerciendo prácticas violentas y represivas bajo el manto de la "seguridad". Su análisis resalta cómo las políticas de militarización, lejos de resolver los problemas de violencia, a menudo exacerban la desconfianza entre la ciudadanía y el estado.

Finalmente, Ponce (2021) y Pramisela y Hesti (2020) se enfocan en la microdinámica de la extorsión, examinando desde las decisiones cotidianas de los extorsionistas en las calles hasta los juicios y las sentencias que enfrentan. Estos estudios subrayan la importancia de comprender tanto la psicología del comportamiento criminal como las respuestas judiciales a dicho comportamiento, para diseñar estrategias de prevención y represión más efectivas que aborden tanto las causas como las consecuencias del crimen.

En el contexto de América Latina, la extorsión y el crimen organizado se han convertido en cuestiones críticas que desafían tanto la gobernanza como la estabilidad económica y social de la región. Jaitman (2018) subraya que entender las economías del crimen es esencial para formular políticas eficaces que puedan abordar tanto las causas subyacentes como las

manifestaciones de la criminalidad. Este enfoque es complementado por Kassab y Rosen (2018), quienes examinan cómo el crimen organizado, incluido el narcotráfico, exige respuestas robustas que coordinen esfuerzos nacionales e internacionales, lo que refleja la complejidad y la transnacionalidad de estos desafíos.

Simultáneamente, Malone y Dammert (2020) discuten la importancia de la confianza pública en las fuerzas policiales, señalando que sin la cooperación de la comunidad, las políticas de seguridad son menos efectivas. Esta idea encuentra eco en los trabajos de Müller (2018) y Neu (2019), quienes respectivamente exploran las estrategias para gobernar la violencia y cómo las prácticas de contabilidad pueden ocultar o facilitar la extorsión, sugiriendo la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en todos los sectores. Además, los estudios de Lotero- Echeverri y Romero-Rodríguez (2023) sobre el periodismo y la migración forzada, y de Moussa (2022) sobre la extorsión electrónica, amplían la discusión destacando cómo la información y la tecnología juegan roles críticos en entender y combatir estos fenómenos. Mosechkin (2022) también contribuye a esta narrativa al discutir la mejora de las leyes para combatir más efectivamente la extorsión, enfatizando la importancia de adaptar y actualizar constantemente los marcos legales para mantenerlos efectivos frente a las evoluciones del crimen. Juntos, estos estudios ofrecen un panorama de estrategias multidimensionales requeridas para abordar la complejidad del crimen organizado y la extorsión en América Latina, subrayando la importancia de un enfoque integrado que combine legalidad, confianza pública, y cooperación internacional. En la compleja matriz del crimen y la seguridad en América Latina, diversos estudios destacan las dinámicas emergentes y persistentes que influyen en las políticas públicas y las percepciones sociales sobre la seguridad. La evaluación criminal y legal de la ciberextorsión por parte de Prudnikov (2023) y Styazhkina (2022) ilustra el creciente desafío de los delitos cibernéticos, enfatizando la necesidad de adaptar las legislaciones existentes para abordar más eficazmente estas nuevas formas de criminalidad. Estos análisis sugieren que una comprensión más profunda

de la naturaleza digital del crimen puede ayudar a formular respuestas legales más precisas y efectivas.

Por otro lado, Schultze-Kraft, Chinchilla, y Moriconi (2018) junto con Zaitch y Antonopoulos (2019) exploran las perspectivas más amplias sobre el crimen organizado y la violencia, subrayando cómo estos fenómenos socavan la gobernabilidad y la seguridad en la región. Estos estudios complementan la investigación de Smirnova (2023) sobre las amenazas a la seguridad humana en América Latina, donde se destacan las implicaciones sociales y políticas de la inseguridad extendida. Smolski y Lorenzen (2021) discuten la relación entre violencia, acumulación de capital y resistencia, proponiendo que la violencia en América Latina no solo es un producto de estructuras económicas, sino también un elemento que configura dichas estructuras.

En un plano más institucional, Sung, Capellan y Barthuly (2022) abordan la confianza en la policía y la militarización de la aplicación de la ley, criticando cómo la excesiva militarización puede erosionar la confianza pública y reducir la efectividad de la policía. Este estudio sugiere la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de manera que se preserve la confianza y se mejore la seguridad pública. Finalmente, Trasberg (2023) presenta nuevas avenidas en el estudio del crimen y la violencia, enfatizando la importancia de entender las interacciones entre crimen, violencia y el estado para desarrollar estrategias más holísticas que aborden tanto las causas como las manifestaciones de estos problemas.

Sintetizando lo anterior, los resultados proporcionan una visión multidimensional del crimen y la seguridad en América Latina, sugiriendo que una estrategia efectiva debe ser tan diversa y compleja como los problemas que busca resolver. Abordar estas cuestiones desde múltiples ángulos no solo permitirá una comprensión más profunda, sino que también facilitará el desarrollo de políticas más robustas y adaptativas que puedan enfrentar los desafíos del crimen en el siglo XXI.

Conclusiones

La revisión sistemática realizada en este estudio examina profundamente las "vacunas extorsivas" en Ecuador, un fenómeno que se manifiesta en el cobro de tarifas por "protección" impuestas a negocios locales por grupos criminales. Esta práctica no solo afecta la economía local, sino que también contribuye a un clima general de inseguridad y coerción. La selección de 51 artículos de bases de datos como Science Direct, Scielo, Redalyc y Google Académico, filtrados meticulosamente por relevancia del tema, títulos y resúmenes, proporciona una base sólida para comprender las dimensiones jurídicas y las tendencias de la extorsión en un contexto latinoamericano más amplio.

Los resultados destacan la necesidad urgente de fortalecer las respuestas legales y las estrategias de cooperación transnacional para combatir efectivamente la extorsión en América Latina. Se observa que, aunque la legislación en Ecuador presenta ciertas fortalezas, es imperativo realizar adaptaciones que aborden las dinámicas específicas del crimen organizado asociado a las vacunas extorsivas. Así, se propone que futuras líneas de investigación exploren cómo las mejoras en la legislación pueden efectivamente reducir la incidencia de la extorsión, y qué papel pueden jugar los enfoques integrados que combinan seguridad pública y desarrollo económico.

Adicionalmente, este estudio sugiere la formulación de nuevas hipótesis que investiguen la relación entre la eficacia de las políticas públicas y la reducción de la dependencia de los negocios locales hacia los grupos criminales. También es crucial explorar más a fondo cómo las intervenciones dirigidas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones pueden disminuir la corrupción, la cual frecuentemente facilita la extorsión. Estas áreas representan oportunidades valiosas para profundizar el entendimiento de las dinámicas de extorsión y desarrollar soluciones más efectivas que aborden tanto las manifestaciones como las causas subyacentes de este desafío crítico.

A pesar de la amplitud y profundidad de esta revisión sistemática sobre las "vacunas extorsivas" en Ecuador, el estudio enfrenta ciertas limitaciones que deben ser reconocidas. Primero, aunque se seleccionaron artículos de diversas bases de datos de renombre, la concentración de la literatura en español y en contextos específicos de América Latina podría limitar la generalización de los hallazgos a otras regiones con dinámicas de extorsión diferentes. Además, la naturaleza secundaria de los datos implica que las conclusiones dependen de la interpretación de investigaciones previas, lo que puede introducir sesgos inherentes al análisis de documentos publicados. Asimismo, la falta de estudios longitudinales dentro de la selección limita la capacidad de observar cambios temporales en las tendencias de la extorsión y su respuesta legal.

Para futuras investigaciones, sería beneficioso expandir el enfoque a un marco comparativo más global que incluya análisis de la extorsión en otras regiones, proporcionando un contraste directo que podría enriquecer la comprensión del fenómeno. Investigaciones futuras podrían también beneficiarse del desarrollo de estudios primarios que incluyan entrevistas con víctimas de extorsión, autoridades legales y criminales reales, lo que proporcionaría datos de primera mano sobre las motivaciones, estrategias y efectos de la extorsión. Además, sería crucial examinar el impacto de las intervenciones políticas recientes en la reducción de la extorsión para evaluar la eficacia de las leyes y regulaciones implementadas. Estos estudios no solo aportarían a la base de conocimiento existente, sino que también guiarían el diseño de políticas más efectivas y adaptadas a las realidades específicas de cada contexto.

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